Más alimentos y menos desperdicio

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), los países industrializados tiran 670 millones de toneladas de comida en buen estado al año. El 30% de las tierras agrícolas del mundo se utilizan hoy para producir alimentos que no se consumen, insumiendo también una cuarta parte del agua usada con fines agrícolas. Un informe reciente del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) propone reducir a la mitad los desperdicios generando para 2050 una disminución de la necesidad de áreas de cultivo de un 14 por ciento.

Francia, país pionero en estos temas, arroja a la basura 10 millones de toneladas de comida al año, pero desde 2016 dispone de una ley, conocida como "Garot", por el nombre de su impulsor, que obliga a los supermercados de más de 400 metros cuadrados a donar productos consumibles no vendidos a organizaciones que distribuyen ayuda alimentaria -bancos de alimentos, entre ellas-, en lugar de tirarlos, para evitar así multas. Desde los años 80, los galos cuentan con incentivos fiscales para los donativos de ayuda alimentaria. También desde el sector privado distintas iniciativas propusieron dar una "segunda vida" a los productos no vendidos, conectando comercios con consumidores y asociaciones. Se contribuye así a despilfarrar menos y a promover mayores donaciones, impulsando la educación para la alimentación desde la escuela y evaluando también la eliminación de fechas de caducidad de productos como pastas o arroz para su aprovechamiento.

Para el gobierno británico, la reducción del desperdicio de comida es una prioridad nacional que se suma a las propuestas de privados. Como forma de sembrar conciencia, una iniciativa ciudadana llamada Feeding the 5000 (Alimentando los 5000) recoge en explotaciones agropecuarias y plantas envasadoras productos de alta calidad que rechazan los supermercadistas y prepara comidas gratis para 5000 comensales.

Ante una Unión Europea que no cuenta con normativas comunitarias concretas a este respecto, la estrategia nacional "Más alimentos, menos desperdicios" (2017-2020) mide el despilfarro doméstico español y los datos obtenidos reflejan que el 84% de los productos que acaban en la basura jamás pasan por la sartén, frutas y hortalizas a la cabeza. Distintas propuestas aguardan aún materializarse desde el Estado mientras se multiplican las iniciativas privadas, a través de proyectos ciudadanos y aplicaciones para compartir comida, como Too Good to Go, salvarla y organizarla.

Por su parte, los restaurantes de China empaquetan los sobrantes para que los consumidores puedan llevárselos, algo similar a la llamada doggy bag (bolsa para el perro) de los norteamericanos. La bautizaron Operación Plato Reluciente y las redes hicieron el resto, impulsando la iniciativa a la portada del primer periódico del país y motivando al presidente Xi Jinping a sentenciar públicamente que "los hábitos derrochadores deben acabar de inmediato".

El Banco de Alimentos de Israel, país con un 20% de habitantes en condiciones de inseguridad alimentaria, impulsó una reforma dirigida a eliminar las trabas que dificultan la donación de alimentos en una medida similar a la que recientemente se sancionó entre nosotros y que conocemos como la ley del buen samaritano. Su aprobación aún está en suspenso.

El Parlamento de Colombia y la FAO organizaron el mes pasado el primer taller regional de capacitación para legisladores dirigido a la sanción de medidas contra la pérdida y el desperdicio de alimentos. El Frente Parlamentario contra el Hambre de América y el Caribe (FPH), que reúne a 21 países, alentó a avanzar en el mismo sentido, proponiendo políticas contra el hambre y la malnutrición habida cuenta de que un tercio de los alimentos que se producen en el mundo se desperdician.

No es menor que este desperdicio genere entre el 8 y el 10% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por el sistema alimentario mundial y que el 38% de los recursos energéticos se destinan a dicho sistema.

En nuestra región, Colombia, México, Perú y la Argentina cuentan ya con leyes aprobadas en este terreno, mientras que Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras y Uruguay trabajan en iniciativas similares.